lunes, 9 de abril de 2018

Informe de Derechos Humanos Departamento del Cauca


9 de abril de 2018

Por la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías  Cifuentes RED DDHH FIC, Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca- ACONC, Consejo Asociación de Cabildos Indigenas del Norte del Cauca-ACIN, el Consejo Regional Indígena del Cauca- CRIC y el Equipo operativo nacional de Garantías y Derechos humanos de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica.

1. Contexto general

·         Firma del Acuerdo Final de Paz gobierno Nacional FARC-EP. Deficiente implementación normativa y territorial. Vaso medio lleno medio vacío. 
·         Diálogos entre el Gobierno colombiano y el ELN. Inicio y finalización del Cese al Fuego Bilateral Temporal. Inicio del 5 ciclo de conversaciones.
·         Descenso de las afectaciones y desescalamiento del conflicto armado interno. Hay que reconocer que el silencio de los fusiles trajo consigo que tuviéramos la tasa de homicidios más baja en los últimos 30 años (24 x cada 100 mil habitantes)[1]
·         En algunos de los territorios en los que en el pasado las FARC EP tuvo presencia a través Bloque Occidental “Alfonso Cano” (Compuesto por las columnas Móviles: A. Arturo Ruiz. B. Jacobo Arenas. C. Miller Perdomo y los Frentes 6, 8, 9, 29, 30 y 60), se evidencia una incapacidad estatal para hacer presencia (política, económica, social y de seguridad) y en consecuencia se presenta una creciente confrontación entre actores armados para hacerse al control de circuitos económicos (que representan importantes fuentes de rentas), el control político y militar del territorio.
·          

Presencia de FARC – EP año 2016

·     Incremento del accionar de GAO – Grupos Armados Organizados (Paramilitares e insurgencia), GAOR - Grupos Armados Organizados Residuales y GDO – Grupos Delincuenciales Organizados.
·      Incremento de los índices de violencia sociopolítica en contra de líderes/as sociales y defensores/as de Derechos Humanos.
·       Incremento de los índices de violencia sociopolítica en contra de integrantes de FARC en proceso de reincorporación y familiares.
·      La persistencia de la desigualdad, la discriminación y el irrespeto a la autonomía la integridad dignidad y cultura de las comunidades campesinas, afrocolombianas, e indígenas.
·    Desconocimiento y banalización de la realidad por parte del Estado. Y en consecuencia falta de acciones efectivas y eficaces.

2. Factores de riesgo

2.1. Localización geográfica del riesgo

De acuerdo a la Alerta Temprana 026 de 2018 de la Defensoría del Pueblo en 32 de las 33 divisiones territoriales que tiene Colombia (32 Departamentos y el Distrito Capital) está focalizado el riesgo. Esto equivale al 96,96% del País.

Igualmente en 324 de los 1.122 municipios que tiene Colombia está focalizado el riesgo. Esto equivale al 28.87% de los municipios del País.

En el Departamento del Cauca los siguientes Municipios están en riesgo: Almaguer, Argelia, Bolívar, Buenos Aires, Cajibio, Caldono, Caloto, Corinto, Guachené, Guapi, El Tambo, La Sierra, López de Micay, Jambaló, Mercaderes, Páez, Patia, Piamonte, Popayán, Puracé, Rosas, Santander de Quilichao, Sotará, Suárez, Sucre, Timbio, Villarica, Miranda

Lo que implica que 28 de los 42 municipios del Departamento se encuentran en riesgo. Esto equivale al 66,6666667% del Departamento.

2.2. Población en riesgo

De acuerdo a la Alerta Temprana 026 de 2018 de la Defensoría del Pueblo 424 organizaciones sociales, comunales, étnicas, de género y diversidades, políticas y populares de carácter regional y nacional con presencia en 32 divisiones territoriales se encuentran en riesgo.

Para el caso del Departamento del Cauca se describió que 38 organizaciones se encuentran en riesgo.

1. Asociación Campesina de Caloto
2. Proceso comunitario vereda La Arrobleda (Caloto)
3. Asociación de trabajadores campesinos de la zona de reservas campesinas del municipio de Caloto- ASTRAZONACAL
4. Resguardo indígena de Rioblanco (Popayán)
5. Asociación de trabajadores campesinos de la Zona de Reserva Campesina del municipio de Corinto – ASTRAZONAC
6. Comité Regional Indígena del Cauca - CRIC
7. Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – FENSUAGRO
8. Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiana –PUPSOC
9. Movimiento Marcha Patriótica
10. Comunidad educativa y bomberos voluntarios de Cajibío
11. Proceso comunitario Junta de Acción comunal del corregimiento de Fondas (El Tambo)
12. Comité de integración del Macizo Colombiano – FUNDECIMA (Almaguer)
13. Asociación Campesina de trabajadores de Argelia – ASCAMTA
14. Pro Asociación Campesina de Sucre (Bolívar)
15. Asociación de Juntas comunales de los ríos Mira, Nulpe y Mataje – ASOMINUMA (Mercaderes)
16. Asociación Campesina de Piendamó
17. Asorenacer Siglo XXI (Suárez)
18. Asociación indígena Avelino Ur (Toribío)
19. Asociación de trabajadores campesinos de Totoró – ASOCAT
20. Asociación Campesina Inzá Tierradentro – ACIT (Inzá)
21. Mesa regional de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, juveniles de la Baja Bota Caucana, Jardines de Sucumbíos, Ipiales, Nariño y Putumayo
22. Partido Comunista Colombiano
23. Mesas de víctimas
24. Unión Patriótica
25. Asociación de Usuarios de Servicios Públicos (Popayán)
26. Federación de Estudiantes Universitarios – FEU (Popayán)
27. Asociación de institutores y trabajadores de la educación del Cauca- ASOINCA
28. Asociación Sindical de Profesores Universitarios – ASPU
29. Ruta Pacífica de las Mujeres
30. Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN
31. Consejo regional indígena del Cauca – CRIC
32. Coordinadora cívica por Mercaderes
33. Líderes de Consejos comunitarios
34. Asociación de trabajadores campesinos de Cajibío –ATCC
35. Coordinadora Nacional de cultivadores de hoja de coca, amapola y marihuana – COCCAM
36. Coordinación Nacional de organizaciones y comunidades afrodescendientes – CONAFRO
37. Coordinación Nacional Étnica de Paz – CENPAZ
38. Coordinación de consejos comunitarios y organizaciones de base del pueblo negro de la Costa Pacífica del Cauca – COCOC

2.3. Presencia y reconfiguración del fenómeno Neo paramilitar en los territorios de grupos Paramilitares

Consolidación de áreas de dominio de los grupos paramilitares o como se denominó en el acuerdo de paz “organizaciones sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo” que institucionalmente en Colombia inicialmente fueron denominadas bandas criminales emergentes (BACRIM) y posteriormente grupos Delictivos Organizados (GDO) y Grupos Armados Organizados (GAO)[2] encuadrando su actuación en los negocios ilícitos tales como minería ilegal, narcotráfico, pagadiario, redes de prostitución, etc.

En el Departamento se ha reportado la presencia de: A. Autodefensas Unidas de Colombia – AUC”, B. “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, C. “Los Urabeños”, D. “Los Rastrojos”, E. “Águilas Negras”, F. “Escobas de Limpieza Territorial” y G. “Clan del Pacifico”.

El accionar Paramilitar en el Departamento del Cauca se erige como la principal amenaza al proceso de paz entre la insurgencia armada de las FARC-EP y el gobierno nacional y los diálogos con la insurgencia del ELN.

Dentro de las principales acciones de grupos Neo Paramilitares se destacan
       Copamiento territorial en zonas rurales y urbanas.
       Presencia intermitente, instalación de redes de inteligencia y seguridad propias.
       Instalación de retenes y controles sobre vías intermunicipales y veredales.
       Imposición de horarios y toques de queda, restricciones a la movilidad.
       Reclutamiento de jóvenes
       Amenazas, homicidios, atentados, desapariciones forzadas, confinamiento y desplazamientos forzados.

Municipios Afectados
1. Miranda,
2. Corinto,
3. Caloto,
4. Toribio,
5. Santander de Quilichao
6. El Tambo,
7. Argelia,
8. Patía,
9. Balboa
10. Caldono,
11. Padilla,
12. Buenos Aires
13. Cajibio
14. Morales
15. Suarez
16. Bolívar,
17. La Vega,
18. Sucre,
19. Mercaderes,
20. Almaguer,
21. La Sierra
22. Sotara
23. Rosas
23. San Sebastian
24. Popayán
25. Piendamo
26. Silvia
27. Totoro
28. Inza
29. Paez
30. Lopez de Micay
31. Timbiqui
32. Guapi
33. Guachene
34. Puerto Tejada
35. Villa Rica

2.4. Insurgencia Armada

2.4.1. Ejército de Liberación Nacional ELN

Se evidencia una dinámica de expansión del ELN hacia zonas en las que en el pasado reciente no tenía presencia, lo que ha implicado la intensificación de los enfrentamientos con la Fuerza Pública y con otros actores armados.

Frente de Guerra Suroccidental. Frente José María Becerra (Uniformados).

Compañía Lucho Quintero: Tambo, Argelia, Balboa. Amplio su territorio de influencia después del acuerdo entre las FARC EP y el Gobierno Nacional ocupando espacios que en el pasado controlaba los Frentes 8, 29, 30 y 60.

Frente Manuel Vásquez Castaño. Compañía Camilo Cienfuegos: La sierra, La Vega, San Sebastián, Almaguer, Bolívar, Mercaderes, Florencia y Santa Rosa. Amplio su territorio de influencia después del acuerdo entre las FARC EP y el Gobierno Nacional ocupando espacios que en el pasado controlaba la Columna Móvil Jacobo Arenas)
Frente Manuel Vásquez Castaño. Compañía Milton Hernández Ortiz: Santander de Quilichao, Corinto, Caloto, Toribio, Inza y Páez. Amplio su territorio de influencia después del acuerdo entre las FARC EP y el Gobierno Nacional ocupando espacios que en el pasado controlaba el Frente 6 y la Columna Móvil Jacobo Arenas.

2.4.2. Ejército Popular de Liberación EPL

En lo que respecta al EPL, grupo armado que tenía una presencia focalizada en algunos municipios de la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, ha tenido lugar durante los últimos dos años una fuerte expansión hacia el Norte del Cauca específicamente en los municipios de Morales, Suarez, Toribío y Caloto.

2.5. Grupos Armados Organizados Residuales GAOR

Está relacionada con la conformación de disidencias de las FARC EP, particularmente auto denominadas “Patria Grande o Patria Libre Ejército del Pueblo”, “6 Frente”, “3 Frente”, con presencia en los Municipios de Cajibio, Morales, Suarez, Buenos Aires, Caldono, Silvia, Caloto, Toribio, Corinto, Miranda, Argelia, Inza y Páez y las denominadas Guerrillas Unidas del Pacifico con presencia en los Municipio de López de Micay y Guapi

2.6. Presencia militar y policial

Pln Horus (Victoria Plus) y Comunidades Seguras y en Paz, el Sistema Nacional de Reacción Inmediata para el Avance de la Estabilización (SIRIE), la clasificación de las regiones por niveles de complejidad alto, medio y bajo, el cuerpo élite especializado de la Policía Nacional y las Unidades Básicas de Carabineros –UBICAR.
a
Está relacionada con homicidios, amenazas y heridas en el marco de la protesta social. Con un especial resurgimiento de los homicidios de civiles en medio de acciones militares y de falsos positivos.

“Miembros de la Policía y el Ejército están siendo investigados por 14 asesinatos cometidos durante las protestas sociales. En octubre, siete manifestantes fueron asesinados en Tumaco, Nariño, en el marco de protestas en contra de la erradicación forzada de cultivos ilícitos. Antes del inicio de la investigación formal, la Policía alegó que había sido atacada con artefactos explosivos improvisados. La OACNUDH no pudo confirmar esta alegación en el terreno. La OACNUDH está apoyando las investigaciones en curso sobre este incidente. Hasta el momento, dos comandantes han sido acusados”.[3]

3. Violencia sistemática en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos

No obstante un estudio en contexto de la situación actual nos permite afirmar que dentro de los factores de sistematicidad en los homicidios en contra de líderes/as sociales y defensores/as de Derechos Humanos se encuentran los siguientes:

a.       Temporalidad:

En el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero del año 2016 y el 31 de marzo de 2018, se presentaron 89 homicidios de líderes/as sociales y defensores/as de Derechos Humanos.


Lo que se constituye en 24.45 % si se tiene en cuenta que a nivel nacional en el mismo periodo de tiempo se han reportado 364 homicidios de líderes/as sociales y defensores/as de Derechos Humanos (116 en el año 2016, 191 en 2017 y 57 en 2018).


Igualmente en el periodo de tiempo comprendido entre el 24 de noviembre del año 2016 (Fecha en la que se suscribió el Acuerdo Final) y el 31 de marzo de 2018, se presentaron 52 homicidios de líderes/as sociales y defensores/as de Derechos Humanos.


Lo que se constituye en 19.84 % si se tiene en cuenta que a nivel nacional en el mismo periodo de tiempo se han reportado 262 homicidios de líderes/as sociales y defensores/as de Derechos Humanos.


Entre el 24 de noviembre del año 2016 (Fecha en la que se suscribió el Acuerdo Final) y el 4 de Abril de 2018, a nivel nacional han sido asesinados 56 ex combatientes de las FARC – EP en proceso de reincorporación, 17 familiares y 6 ex combatientes de las FARC – EP en proceso de reincorporación han sido desaparecidos forzosamente. De este registro 6 de los homicidios se presentaron en el Departamento del Cauca.



Por su parte Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General, señalo “8. La OACNUDH está extremadamente preocupada por el aumento de asesinatos de defensores de los derechos humanos, incluyendo a líderes sociales y comunitarios, a pesar de los esfuerzos desplegados por el Estado para reducir estos ataques. En 2017, la OACNUDH registró 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos. Estos últimos incluyen a 84 defensores de los derechos humanos que ejercían liderazgo, 23 miembros de movimientos sociales y políticos y 14 personas muertas durante las protestas sociales”.

Recientemente la en la alerta temprana 026 del 28 de mayo de 2018 la Defensoría del pueblo entre otros se señaló. En relación a homicidios de líderes/as sociales y defensores/as de Derechos Humanos a nivel nacional en el año 2017 ocurrieron 126 homicidios y en el año 2018 22, para un total de 144. Así mismo indico que entre el 1 enero 2016 y 27 febrero 2018, se registraron 282 homicidios de líderes/as sociales y defensores/as de Derechos Humanos a nivel nacional.

Según las cifras del SIADDHH, los homicidios contra estos activistas están en incremento anual sostenido desde que empezó el proceso de paz: 2013 – 78 casos, 2014 – 55 casos, 2015 – 63 casos), 2016 – 80 casos y 2017 – 106 defensores, defensoras y líderes sociales fueron asesinados (as); 26 más que en 2016, es decir un incremento del 32.5% con respecto al año anterior.

b.       Distribución Geográfica de los Hechos:

En el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero del año 2016 y el 31 de marzo de 2018, en 30 de los 42 municipios del Departamento del Cauca se presentaron homicidios de líderes/as sociales y defensores/as de Derechos Humanos. Lo que evidencia que en el 69.04% del departamento se presentan casos de este tipo.



Al comparar con los homicidios de líderes/as sociales y defensores/as de Derechos Humanos reportados a nivel nacional en los años 2016 y 2017, la tasa más alta se centra en los mismos departamentos:
2016: Cauca (42), Antioquia (15), Nariño (8), Valle del Cauca (5), Córdoba (5) y Chocó (4).
2017: Cauca (35), Antioquia (27), Nariño (28), Valle del Cauca (14), Chocó (13) y Córdoba (9).
2018: Cauca (12), Antioquia (9), Nariño (4), Valle del Cauca (1), Córdoba (5) y Chocó (2).
Casos FARC: Nariño (16), Antioquia (15), Cauca (6), Caquetá (5) y Chocó (4).


La mayoría de los homicidios se concentran en zonas o regiones del Departamento con altos niveles de militarización en donde se está desarrollando desde el 1 de enero de 2017 el “Plan Victoria, por la consolidación y estabilización de las regiones” (Plan Victoria) y esta en marcha del Plan Horus o Plan Victoria Plus[4].

Los homicidios se presentan en zonas en donde históricamente hacia presencia las FARC-EP y han sido copadas por grupos criminales y organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Tal y como lo señalara OACNUDHC “Los casos de homicidios de líderes y lideresas, y defensores han ocurrido en zonas de las cuales salieron las FARC, y en las que se ha generado un vacío de poder por parte del Estado, en contextos de violencia generalizada contra la población por el accionar de criminalidad común u organizada”[5]

“Este patrón de violencia pone de relieve cuán difícil resulta llenar el vacío de poder dejado en las vastas zonas que antes estaban bajo la influencia de las FARC-EP y en las que la ausencia o la presencia insuficiente de instituciones públicas, tanto civiles como de seguridad, tras la retirada de las FARC-EP, ha permitido que los grupos armados ilegales se expandan rápidamente con el propósito de aprovecharse de los ingresos procedentes de las actividades económicas ilícitas”[6].

A los hechos anteceden amenazas colectivas e individuales por parte de organizaciones sucesoras del paramilitarismo.

De acuerdo a la Alerta Temprana 026 Defensoría del Pueblo “Si bien el 56% de los homicidios se registran en municipios altamente rurales, de acuerdo con la categorización del índice de ruralidad del DNP: 36 en municipios rurales y 47 en municipios rurales dispersos; llama la atención que entre los diez municipios más impactados aparecen los dos principales centros urbanos del país”

Igualmente el Informe de OACNUDH señalo “11. El 64 por ciento de los asesinatos ocurrieron en las Zonas más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC)  y en zonas con una presencia histórica de las FARC-EP. El vacío de poder que dejaron las FARC-EP después de su desmovilización”.

Además muchos de los homicidios se presentan en zonas en donde existen conflictos de control territorial y disputas por rentas y recursos naturales. En esas zonas las conflictividades violentas persisten alrededor la tierra, megaproyectos viales y minero energéticos y de manera más evidente por rentas del narcotráfico o de la minería ilegal.

c.       Tipos de Liderazgo

Al revisar el tipo de defensor(a) asesinado(a), es alarmante el incremento de homicidios de indígenas, afrodescendientes, campesinos y comunales (cargos directivos de Juntas de Acción Comunal - JAC o Juntas Administradoras Locales – JAL).

Se evidencia que los líderes y defensores de Derechos Humanos asesinados realizaban en sus comunidades u organizaciones acciones diversas de ejercicio y reivindicación de derechos, “y por ejercer labores de defensa de los derechos humanos tales como: denunciar u oponerse a la existencia de economías ilícitas y el accionar de la criminalidad; reivindicar derechos propios o colectivos; apoyar políticas derivadas del Acuerdo de Paz y por conflictividad. Como se puede observar, su labor en la defensa de los derechos de todas las personas fue determinante con las agresiones que sufrieron”[7].

De los 31 casos denunciados, las victimas de homicidio se encontraban desarrollando acciones de impulso a la sustitución gradual y voluntaria de cultivos de uso ilícito en desarrollo del Punto 4 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. 7 hechos ocurrieron en el departamento del Cauca.

Si bien por las características de los procesos organizativos en los territorios, algunas de las víctimas pertenecen simultáneamente a varias organizaciones (de víctimas, campesinas, indígenas, afro descendientes y comunales, entre otras) que a su vez están adscritas a procesos de nivel regional, se observa un alto nivel de afectación respecto a los procesos de convergencia de organizaciones sociales a nivel nacional entre los que se destacan el Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, la ONIC, el PCN y el Congreso de los Pueblos.

En el año 2018, se han reportado 57 asesinatos de líderes/as sociales y defensores/as de Derechos Humanos de los cuales 23 eran campesinos, indígenas y afro descendientes que hacían parte de las organizaciones que conforman la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular. 9 de los asesinados hacían parte de Marcha Patriótica, 8 de la Organización Nacional Indígena de Colombia, 4 del Proceso de Comunidades Negras y 2 del Congreso de los Pueblos.

d.       Modo de cometer homicidios:

De los homicidios reportados es preocupante que la mayoría de los crímenes son perpetrados por sicarios con armas de fuego de largo y corto alcance, que se movilizan en vehículos y motocicletas que interceptan al defensor(a) causándole la muerte con armas de fuego. Otros son cometidos con arma blanca, en algunos casos se combina el uso de armas de fuego y armas blancas y al deceso antecede tortura y desmembramiento de partes del cuerpo.

Al analizar el lugar donde se cometieron los crímenes, continúa la tendencia que se ha identificado en años anteriores, en la mayoría de los casos los homicidios ocurren en la vivienda o a los alrededores de la vivienda del defensor(a); esto indica la premeditación y seguimiento que precede al homicidio de los líderes sociales, defensores y defensoras en Cauca.

Son cometidos por grupos de hombres armados (algunos vestidos de negro, otros con camuflado y cubriendo el rostro con pasamontañas) y algunos han sido precedidos de amenazas individuales o colectivas, directas e indirectas.

e.       Presuntos Responsables:

En la mayoría de los casos de asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos permanece indeterminada la responsabilidad material o intelectual. Entre los casos que tienen indicios de responsables casi la tercera parte se atribuyen a grupos neo paramilitares.

En cuanto a las amenazas es notorio que casi todas utilizan siglas de organizaciones sucesoras del paramilitarismo como Autodefensas Gaitanistas de Colombia - ACG, Águilas Negras, AUC, Rastrojos, entre otras.

En 6 casos en particular han ocurrido bajo la responsabilidad de integrantes de la fuerza pública en desarrollo de uso desmedido de la fuerza en el marco de la protesta social.

Algunos de ellos fueron cometidos por anteriores integrantes de las FARC-EP y el ELN que en la medida de que el proceso de paz fue avanzando se hizo evidente su coordinación con mafias de narcotraficantes y de grupos Paramilitares.

f.        Fines:

En el contexto de la “administración del miedo”, propio de la actual etapa del conflicto armado, los homicidios, atentados, y la distribución de panfletos, es funcional al propósito de las organizaciones armadas ilegales de ejercer control y dominio sobre la población. En la perspectiva de generar una atmósfera de inseguridad y zozobra generalizadas, ello podría ser una estrategia deliberada dirigida a crear confusión, impotencia y desconfianza hacia las instituciones del Estado y los procesos de paz, junto con la negación de la democracia como el escenario propicio para la garantía y efectividad de los derechos fundamentales.

3.1 Amenazas y atentados

Durante los años 2016, 2017 y 2018, en 29 de los 42 municipios del Departamento del Cauca se han presentado amenazas individuales o colectivas, directas e indirectas a través de Panfletos, llamadas, mensajes de texto a celulares, mensajes en redes sociales Facebook y Whatssap y e - mails.

En el año 2017 se presentaron 69 amenazas individuales y colectivas y en lo que va corrido del año 2018 se han presentado 17 amenazas y 4 atentados.

En el caso de los panfletos amenazantes existen fundamentalmente dos factores de análisis:
a)       Factor territorial: Algunos fueron distribuidos en zonas rurales y urbanas de municipios y otros a nivel regional.
b)       Factor material: Existen dos tipos de amenazas:
       Dirigidas a defensores de Derechos Humanos y/o organizaciones que apoyan los procesos de paz, que defienden su territorio de multinacionales y minería ilegal, que participan activamente en reivindicación de derechos a través de la acción política, jurídica y la movilización social y denuncian la corrupción. En los cuales además del señalamiento, y de las amenazas de muerte expresas se ofrece recompensas económicas por atentar contra la vida de personas.
       Dirigidas a “ladrones”, “violadores”, “chismosos”, “viciosos”, “expendedores de vicio”, “pre pagos”, “prostitutas”, “jaladores de motos o carros”, “maridos que acostumbran pegarle a sus mujeres”, entre otros”, bajo la modalidad “Intolerancia Social”[8].


4. A manera de conclusión

Con base en lo anteriormente expuesto, es posible afirmar que en Colombia si existe una sistematicidad en los homicidios cometidos en contra de líderes/as sociales y defensores/as de Derechos Humanos al igual que en contra de ex combatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación y familiares al tener un número significativo de víctimas, pertenecientes a grupos de características semejantes, sucedidas en un mismo periodo y espacio geográfico, aunque con distinciones en los actores y modos de ejecución de acuerdo al territorio, con modos de ejecución similares, y con unos fines específicos.

Por lo cual nuevamente se insiste en la necesidad de que el Estado Colombiano cumpla de manera efectiva con sus compromisos internacionales de respeto, protección, prevención, investigación, juzgamiento, sanción y garantía de los Derechos Humanos. Y en el contexto actual de garantía a la labor de defensa y promoción de los Derechos Humanos en Colombia y de los ex combatientes de las FARC – EP en proceso de reincorporación y sus familias.






[1] http://www.elcolombiano.com/colombia/tasa-de-homicidios-en-colombia-bajo-en-2017-GX7918080[2] De acuerdo a la Directiva  No. 15 de 22 de abril de 2016 y a la Directiva 037 de 2017. Ministerio de Defensa Nacional
[3] Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General. Consejo de Derechos Humanos. 37 período de sesiones 26 febrero-23 marzo 2018. Versión no editada.
[4]https://www.elespectador.com/noticias/judicial/ministro-de-defensa-anuncia-plan-orus-para-recuperar-las-regiones-que-dejo-el-conflicto-articulo-727901
[5] Ibidem
[6] Informe del Secretario General sobre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. 27 diciembre 2017
[7] Ibidem
[8] “Estas expresiones de intolerancia social son mecanismos de actuación de estructuras paramilitares que buscan ganar respaldo de sectores sociales, pero también imponer un modelo de conducta” Anotación de Luisa Orozco en revisión de este texto que vale la pena resaltar por la explicación al fenómeno.